La quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo tiene muchos rasgos similares a la que se produjo en Banesto, siendo ambas entidades intervenidas por el Banco de España. Si el auditor de Banesto, la actual PwC, dio por buenas las últimas cuentas públicas del banco presidido por Mario Conde, lo mismo ha ocurrido ahora en el caso de la caja de la comunidad valenciana.
KPMG que ha sido el único auditor de la CAM en los 20 años de historia de la entidad, no ha declarado ninguna salvedad a las cuentas de la caja desde el año 1.991, siendo firmadas las últimas por su socio Javier Muñoz Neira. La caja intervenida la semana pasada no ha depositado cuentas consolidadas del ejercicio pasado en la CNMV, como debía haberlo hecho, pero KPMG sí dio por buenas las individuales, con la complicidad del Banco de España, que sabía que la CAM presidida por Modesto Crespo tenía un agujero patrimonial de 2.000 millones ya el año pasado. La CNMV sí ha estado más encima de la entidad intervenida, habiéndole requerido información adicional sobre las cuentas de los tres últimos ejercicios.
De este agujero, evaluado ahora en una necesidad de 2.800 millones de capital y 3.000 millones de inyección de liquidez, tampoco se informó a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, quienes habían acordado fusionarse con la CAM para formar Banco Base. Finalmente, descubierta la irrealidad de las cuentas de la caja presidida por Modesto Crespo, las tres entidades rechazaron a finales de marzo la integración de aquella, trastocando los planes de Ordóñez.
Las otras dos cajas intervenidas anteriormente, Caja Castilla La Mancha y CajaSur (Córdoba), sí vinieron precedidas de salvedades de los auditores, Ernst & Young y Deloitte, respectivamente, en las cuentas de los dos últimos ejercicios que formularon los administradores, de procedencia política y eclesiástica, respectivamente.
Otra similitud con Banesto, es que el Banco de España al igual que autorizó a Mario Conde a captar capital entre inversores, a través de una ampliación que afortunadamente para aquellos no llegó a ejecutarse, consintió a la CAM que captara casi 300 millones de euros en cuotas participativas en el verano de 2008, habiendo sido la primera y única emisión de la historia de este tipo de instrumento financiero.
Estas cuotas se deberían depreciar drásticamente tras la intervención, excepto que Mafo autorice la opa de exclusión que el consejo cesado de la CAM anunciase in extremis el jueves pasado, un día antes de la intervención, a un precio de 4,77 euros, lo que supondría una pérdida para los titulares de sólo el 19% respecto al precio de colocación, 5,84 euros. Los tenedores de estas cuotas son en gran parte clientes de la caja, en su mayoría pensionistas, según informaciones de prensa no desmentidas.
Otro elemento en común es la venta de la intervenida. En el caso de Banesto fue el Santander quien se lo quedó en una de las operaciones más rentables que se hayan producido en banca, y que permitió al banco cántabro ganar el tamaño suficiente para acometer con posterioridad una fusión entre iguales con el Central Hispano. Aparentemente hay muchos interesados en la CAM y está por ver si hay neutralidad y transparencia en la fórmula de venta que vaya a utilizar el Banco de España.
En lo que no parece que vayan a producirse semejanzas es en la persecución penal de los administradores. Mientras que Conde y parte de su equipo pagaron cara la distracción de fondos y autorización de operaciones gravosas para el banco, no se ha insinuado querella alguna por el Banco de España contra los administradores de la CAM, a pesar de que se han desvelado prácticas corruptas.
Además de Modesto Crespo, como máximo responsable de la entidad quebrada, el ex director general Roberto López Abad y los presidentes de las diversas comisiones, Juan Bernal Roldán (sustituido justo antes de la intervención) en Inversiones, José Forner Verdú, en Retribuciones y especialmente Juan Ramón Avilés Olmos, el de Gestión, que hacía funciones de auditoría interna, y su vicepresidente José Manuel Uncio Lacasa, deberían explicar las razones por las que se disparó el riesgo inmobiliario con promotores, y se acometieron inversiones disparatadas en entidades extranjeras.
El gobierno de la CAM era lamentable, no existiendo siquiera un reglamento del consejo. En éste sólo se podían tratar temas ajenos al orden del día cuando estuvieran presentes "todos los consejeros y se acordase por unanimidad".
En el último informe de gobierno corporativo, el consejo de la caja intervenida asegura que en 2010 no se había materializado riesgo alguno, cuando se habían disparado prácticamente todos, operacional, reputacional, liquidez, etc. Ordóñez, el gobernador del BE, encantado de haberse conocido, insiste en que ha realizado un magnífico trabajo de supervisión y gestión de la crisis, y parece que le importa un comino saldar cuentas con los gestores que han llevado a la ruina a la entidad. Su aceptación de la falta de honorabilidad de Emilio Botín y de Alfredo Saénz, a quienes sostiene en el Banco Santander, es un ejemplo de la importancia que da a la ética de los gestores el señor Ordóñez.
