La empresa pública estatal SEPI ha desembolsado 180 millones de euros en los tres últimos años a la multinacional estadounidense Alcoa, la mayor metalúrgica mundial del sector del aluminio, por el coste de la energía de su filial española Inespal, privatizada en 1.997, siendo ministro de Industria del primer Gobierno Aznar, el hoy omnipresente Josep Piqué.
En el ejercicio pasado, SEPI pagó a los estadounidenses 75,3 millones de euros, una factura que se ha disparado justo en el peor momento para las arcas públicas. Si en 2008, Alcoa cobró 37 millones, un año después fueron 67,8 millones. En suma, en el último trienio el gasto se ha hecho insoportable, 180 millones.
El acuerdo de la privatización de Inespal, firmado por Piqué y sus lugartenientes, Pedro Ferreras y Francisco Prada, todos ellos conectados en Ercros (CEO, asesor jurídico e interventor de la suspensión de pagos), antes de reencontrarse en el ministerio, fue un disparate. Alcoa recibió garantías de que no pagaría una factura eléctrica (el mayor coste del negocio de la fundición) superior a un precio que ella determinó, y Piqué lo aceptó con el límite del precio que pagaría Alcoa por la empresa, 383 millones de euros. Todo apunta a que Alcoa habrá ingresado en dos años más el total de su desembolso para hacerse con la compañía.
Está por ver lo que pasará cuando el Estado deje de financiarle el coste energético a la estadounidense, que, según los sindicatos, no ha cumplido el compromiso de mantener el empleo ni el de las inversiones, a pesar de haber vivido unos años magníficos para el sector.
SEPI, presidida por Enrique Martínez Robles, tiene provisionados 2.750 millones, de los cuales 2.200 son para cubrir compromisos de prestaciones con el personal (Hunosa e Izar absorben casi todos los fondos), y sin embargo el auditor ha incluido una salvedad en las cuentas del ejercicio pasado, incidiendo en el hecho de que la sociedad no ha provisionado cantidad alguna para los pasivos laborales que tiene que asumir en caso de que el astillero La Naval, de Sestao, quebrase.
Cuando hace cuatro años se liquidó Izar, fueron privatizados tres astilleros que formaban parte de la empresa naval pública, Gijón, Sevilla y Sestao. La empresa pública garantizó a los trabajadores que en los 10 primeros años desde la venta se haría cargo de su empleo en caso de que los compradores de los astilleros fracasaran en su aventura empresarial. Esta cláusula ya está activada para Gijón y Sevilla, pero La Naval subsiste, aunque con algún ERE. Tampoco está cerrada la herida de Babcock, empresa en la que se ha dejado una fortuna de dinero público, y sólo quedan trabajadores en la calle.
El holding de empresas públicas tuvo un resultado negativo de explotación de 143 millones el año pasado, con caídas en facturación, exportaciones y pedidos, habiendo reducido la plantilla media hasta los 30.000 empleados. La minería y el coste dela liquidación del naval, además de Navantia, son los generadores de los números rojos. El grupo Tragsa gana dinero, así como el nuclear, Enusa y Ensa (ahora afectadas por la catástrofe de Japón) y los mercados de abastos, Mercasa. Las participadas en pequeños porcentajes, todas ellas a la espera de ser vendidas, Ebro, EADS, Iberia, Red Eléctrica y Enagás, son el último vestigio de un grupo público bastante sólido, liquidado a precios de ganga en los años noventa.
