El Banco de España, que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), no tomó la medida de reforzar la supervisión e inspección de las entidades financieras cuando comenzó la crisis hace cuatro años, ni desde el punto de vista cuantitativo, con más inspectores, ni cualitativo, con un mayor número de actuaciones y requerimientos, según la indagación realizada por La Celosía con los informes oficiales de supervisión de la institución de los últimos ejercicios.
A finales de mayo del 2006, la Asociación de Inspectores del Banco de España envió una durísima carta al entonces vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, denunciaba la actitud pasiva y complaciente que mantenía el entonces Gobernador, Jaime Caruana, frente al riesgo crediticio, especialmente inmobiliario, que habían acumulado bancos y cajas desde el año 2000. En concreto, el crédito a promotores había pasado de 30.000 millones a casi 250.000 millones en ese período. Sin embargo, la llegada, dos meses después de MAFO a la cúpula del Banco de España tampoco cambió el mal gobierno de la era de Caruana, quien para más inri fue después al FMI con Rato y ahora ocupa un cargo de especial relevancia para la supervisión financiera internacional en el Banco de Pagos Internacionales.
Con Ordóñez en el poder poco ha cambiado. Los recursos humanos del departamento de inspección no se fortalecieron, manteniéndolos en un nivel inadecuado en los años en los que se ha producido la quiebra del sistema de cajas de ahorros. En el ejercicio 2007, el número de personas destinadas al departamento de supervisión era de 424, de los cuales 236 eran inspectores, y el año pasado apenas habían variado esas cifras, con un incremento de sólo 2 inspectores y 10 personas en el total del área. Estas son las cifras cuantitativas, pero peor es aún el balance cualitativo.
El supervisor se había marcado como objetivo fundamental la determinación del perfil de riesgo de cada entidad y mantenerlo bajo control, para lo cual debe las medidas necesarias cuando hay una desviación, y para ello debe conocer en profundidad la situación y evolución de cada entidad supervisada, incluyendo sus perspectivas de negocio. El incumplimiento de este objetivo es manifiesto, habiéndose ya destinado, sin contar avales, 24.000 millones al sector de las cajas de ahorros para evitar quiebras.
Resulta difícilmente justificable que solamente el año pasado, cuando ya no había solución se intensificase el número de actuaciones de inspección sobre bancos y cajas. Hace cinco años, cuando los inspectores escribieron a Solbes, y España vivía en el delirio de riqueza, se realizaron 32 inspecciones in situ a las cajas y un año después, ese número era de 35, mientras que bajaron increíblemente en 2008 y 2009 a 29 y 26 inspecciones respectivamente, a pesar de desencadenarse una tormenta financiera brutal, y solamente el año pasado, con la quiebra del sistema, se duplicaron (59). En los bancos, la serie de inspecciones, comenzando en 2006 y terminando en 2010, es de 73, 75, 72, 89 y 107. Parecido desarrollo, o incluso peor, han tenido los escritos enviados a las entidades en los que se requiere a los gestores que tomen medidas para contabilizar adecuadamente los riesgos de crédito, solvencia o de gestión. La serie de comunicados enviados muestra una curva casi plana, empezando por 14 en el año 2006, e igual número en 2010, y pasando por los 17,19 y solamente 9, enviados en los primeros años del viacrucis financiero (2007-2009).
En cuanto a las advertencias sobre el riesgo de crédito, escasas provisiones y mala contabilización, la serie de bancos y cajas, que el Banco de España no desglosa, es dramática, visto lo que ha pasado, ya que ha ido de más correcciones a menos, en concreto de 164 a 79. También bajaron las recriminaciones por la escasa calidad de la gestión de riesgos, bajando de 67 a 29 e igual tendencia muestra la admonición sobre solvencia, que fue aminorándose, de 41 apercibimientos a 8.
El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que mantiene en la cúpula del Santander a dos personas que han perdido la honorabilidad para ser banqueros, Emilio Botín por haber reconocido ser un constante defraudador fiscal, y Alfredo Sáenz por haber sido condenado por el Supremo por denuncia falsa a clientes bancarios, se mostró encantado de haberse conocido en la presentación que hizo el pasado viernes del balance de reestructuración de las entidades de crédito, a pesar de que ha supuesto ya una inyección de capital en las cajas rescatadas de 24.000 millones, y todavía no se han despejado los nubarrones.
El principal responsable del departamento de supervisión hasta mediados de 2009, Francisco Javier Aríztegui, fue premiado con el cargo de subgobernador, y le sustituyó Jerónimo Martínez Tello, quien aparentemente ha endurecido las acciones, y que tiene un buen hacer como jefe de la inspección de bancos entre 2003 y 2008. A mediados de este último año se hizo cargo del sector de cajas tras jubilarse Julián Atienza. Éste, a pesar del hundimiento de las entidades que inspeccionó, fue "repescado" para dirigir el FROB, el instrumento financiero utilizado constituido para el rescate de entidades financieras, pero tuvo que dejar el cargo tras frustrarse el intento de colocar con cuentas falsas la ahora quebrada CAM al Banco Base que encabeza Cajastur, en una de las actuaciones más deplorables de los supervisores.
Estos desastres de gestión en el Banco de España y el FROB se han saldado en los últimos días con un abandono muy importante, el de José Antonio Alepuz, quien ha sido 10 años secretario general del Banco de España, y que se incorporará en abril, una vez cumplida la cuarentena de 6 meses para los altos cargos, a la supervisada Caixa Holding, la entidad que se quedó con los activos inmobiliarios y la mayor parte de las participaciones industriales de La Caixa, tras crearse Caixa Bank. Su sustituto en la secretaría del banco supervisor es Francisco Javier Priego, quien hasta ahora ha sido el mejor aliado de Botín y Sáenz, desde su puesto de director del departamento jurídico de la institución, habiendo aceptado las alegaciones del Banco Santander para no exigir la retirada de ambos.
