Suiza está ganando la batalla a los países de la OCDE, al menos a los integrantes de la Unión Europea, en lo que atañe al mantenimiento del secreto fiscal por parte de sus bancos, eje de la política financiera de los helvéticos desde siempre. Cuando estalló la crisis financiera y a raíz de los escándalos de evasión fiscal descubiertos en Europa y Estados Unidos, la bucólica Suiza, que siempre lava más blanco, tuvo que transigir con una serie de reclamaciones de transparencia fiscal para evitar su inclusión en la lista negra de paraísos fiscales. Sin embargo, dos acuerdos firmados con Alemania y Reino Unido, han dejado en papel mojado los pactos alcanzados, ya que permiten mediante el pago de un "impuesto liberatorio", a los ciudadanos alemanes y británicos mantener opaco al fisco de sus países las cuentas en bancos suizos.
Ahora, las autoridades helvéticas aspiran a renegociar el acuerdo de doble imposición alcanzado con España que firmaron el pasado 27 de julio, y que posiblemente ni siquiera entre en vigor, al no haber sido remitido desde entonces al Parlamento como es preceptivo, y faltando un par de semanas para que se disuelvan las cámaras. Suiza, consciente de las necesidades de fondos de España, ya ha hecho saber al fisco español su interés en que Madrid acepte condiciones similares a las de Berlín y Londres. El hecho de que en poco más de dos meses haya elecciones impide la aceptación porque supone un desgaste político, pero casi con seguridad será aprobado por el nuevo gobierno que surja tras el 22-N. Suiza ya ha reconocido que negocia con Grecia el impuesto liberatorio.
El ministerio de Economía que encabeza Elena Salgado informó el pasado 27 de julio tras la firma en Madrid del protocolo que modifica el convenio para evitar la doble imposición en Renta y Patrimonio,vigente desde 1966 y reformado en 2006, que "con el nuevo marco institucional la Hacienda española podrá disponer de toda la información tributaria relevante para el control fiscal de los contribuyentes españoles con titularidades en Suiza, y supone un importante paso en la labor de prevención y lucha contra la elusión y el fraude fiscal internacional".
Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, el protocolo no ha pasado por el Congreso, por lo que no ha entrado en vigor, y tampoco ha sido hecho público en Berna. Suiza aspira a que España lo modifique introduciendo la figura del impuesta liberatorio.
Tanto Alemania como Gran Bretaña han aceptado el pasado mes de agosto que las autoridades suizas impongan un impuesto individual de una sola vez a los patrimonios evadidos, que oscilará entre el 19% y 34% de las cantidades que no han pagado impuestos, dependiendo del tiempo y las cantidades. A partir de la entrada en vigor de estos pactos acordados el pasado mes de agosto, (2013 en el caso británico), las autoridades suizas se comprometen a retener fiscalmente los rendimientos de capital de las cuentas y productos financieros en manos de los ciudadanos de países que firmen el acuerdo, con el mismo interés que marquen las legislaciones fiscales de sus haciendas públicas.
La petición de información general sobre contribuyentes no será admitida y los protocolos para dar datos de contribuyentes son muy exigentes según los nuevos acuerdos, e incluso en el caso alemán se limita el número de peticiones a menos de 1.000 en dos años. Además, también en en el caso alemán, Berlín se compromete a no utilizar datos fiscales robados.
En un momento crítico de ingresos fiscales, este mantenimiento del secreto bancario ha sido duramente criticado en los países firmantes, e incluso el Financial Times ha editorializado en su contra. Las cantidades a recibir por Alemania y Gran Bretaña por el impuesto al perdón fiscal se estima en menos de 12.000 millones de euros en el mejor de los casos.
El nuevo Gobierno español que se forme tras las elecciones de noviembre se encuentra así con la primera patata caliente y no resultaría extraño que se intente una amnistía fiscal de mayor calado con tal de conseguir fondos. Aceptar un acuerdo ignominioso como el que ofrece Suiza supone que una defraudación tan masiva como la de la familia Botín, con más de 70 años evadiendo impuestos por cantidades mil millonarias, jamás hubiera podido ser penalizada por la Hacienda española.
En cualquier caso, tampoco se aprecia una especial sensibilidad de los diputados en la persecución del delito fiscal cuando no han puesto reparos en que Emilio Botín siga al frente del Banco Santander con la connivencia del Banco de España.
Estados Unido sí parece que está atando más en corto a los bancos suizos, y ayer mismo se supo que la fiscalía ha dado un ultimatum a Credit Suisse y otros nueve bancos más pequeños para que le transmitan información sobre cuentas bancarias de defraudadores. Washington ya consiguió de UBS que le informase de más de 4.000 clientes bajo la amenaza de aplicar severas medidas penales contra el banco y sus dirigentes.
