El escándalo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo alcanza cada día que pasa una mayor dimensión. Los interventores nombrados por el Banco de España han desvelado en el informe de cuentas del primer semestre que la entidad acumulaba unas pérdidas de 125,6 millones de euros en una cartera de préstamos titulizados, que había sido sacada del balance, alegando que la entidad no tenía riesgo alguno sobre aquella, habiendo trasladado a terceros el beneficio o pérdida con el que se saldasen los títulos a vencimiento. La CAM ha reconocido ahora que no se “contempló en el momento de dar de baja en el balance a ese activo, la existencia de determinadas operaciones con opciones (derivados) que afectaban a la transmisión de riesgos y beneficios”.
Este ocultamiento podría resultar clave para la depuración de responsabilidades de los antiguos administradores de la caja alicantina, que ha registrado unas pérdidas de 1.163 millones en el primer semestre de este año. Los interventores nombrados por el Banco de España también aseguran que los gestores destituidos se habían centrado en el primer semestre de este año en buscar inversores y otras operaciones que le permitieran recapitalizarse “en detrimento del control, seguimiento y gestión de las operaciones propias de su negocio”. Todo ello, aseguran, ha supuesto un empeoramiento gravísimo de sus ratios y márgenes, “pasando el ratio de solvencia del 9% al 19% en solamente seis meses”. La solvencia se queda en el 4,77% y la liquidez brilla por su ausencia, siendo necesarios para evitar la quiebra, 3.000 millones de liquidez aportada con una línea de crédito por el FROB y otros 2.800 millones para capitalizar la entidad.
El desfase de liquidez que presenta la caja de la Comunidad Valenciana es brutal, con unos vencimientos el próximo año de 6.000 millones en la financiación mayorista, lo que complica gravemente su subasta por parte del Estado.La CAM mantiene en autocartera títulos emitidos de deuda para financiarse por valor de casi 6.400 millones, básicamente títulos hipotecarios y obligaciones simples, cerca de la mitad de la deuda emitida en estos instrumentos, lo que da idea de sus problemas para conseguir financiarse.
A pesar de esta penosa situación, el riesgo en avales y créditos con los antiguos administradores, altos cargos y familiares de todos ellos, supera los 120 millones de euros. El agujero inmobiliario, causa fundamental de la quiebra de la caja, es descomunal, con 13.000 millones de riesgo con promotores (un tercio provisionado), de los cuales casi 5.000 no están garantizados en cuantía suficiente.
Fuentes del auditor de la caja, KPMG, que ha escrutado las cuentas de la entidad desde hace 20 años, han asegurado a La Celosía que no tienen duda alguna sobre la calidad "técnica" del trabajo realizado, por lo que solamente cabe deducir que los gestores hubieran ocultado datos o dado por buenas valoraciones irreales de sus activos, como explicación del rápido deterioro de la entidad, en quiebra virtual, más allá de la tormenta perfecta con la que se quiera justificar este despropósito.
