La Audiencia de Barcelona en su auto del 2 de septiembre sobre la suspensión de la ejecución de la pena impuesta por el Supremo al actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha corregido los infantiles argumentos utilizados hasta ahora por el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para mantener en sus cargos, tanto a Sáenz como al presidente, Emilio Botín, a pesar de que claramente incumplen los requisitos de honorabilidad que marca la ley, en cuya confección intervino activamente el propio Banco de España.
Dicen los ilustrísimos jueces de la Audiencia catalana, Fernando Vallé Esqués, José Grau Gassó y Josep Niubò y Claveria, que corresponde a las autoridades bancarias pertinentes considerar “si el requisito de honorabilidad, tras la condena del Supremo, desaparece de forma automática, puede subsistir o incluso puede dejarse pendiente de valoración mientras no se resuelve una medida de gracia solicitada y el cumplimiento de la condena se ha dejado en suspenso” y afirman categóricamente, como si quisieran que sirviera de aviso definitivo, que “aquí estamos en la jurisidicción penal y no se nos pueden trasladar dichas cuestiones ya que las mismas quedan extramuros del derecho penal”.
En definitiva, le dicen a Ordóñez que sea él quien cumpla con lo que dicen las normas, y que la honorabilidad es algo que tiene que valorar el Banco de España y no los jueces. Éstos, podrán entrar en materia cuando alguien a quien se prohíba ejercer de banquero por ser considerado “insuficientemente honorable” interponga un recurso judicial por considerar que se han vulnerado sus derechos.
La coartada utilizada torticeramente por Ordóñez de que “hay que esperar a que terminen los procesos judiciales” no sirve. Es hora de mojarse señor Gobernador. Si usted considera que un señor que ha confesado haber mantenido oculta al fisco en Suiza una fortuna descomunal durante todos los años que ha ejercido de banquero es honorable para el cargo, dígalo y justifíquelo, y si no es capaz de hacerlo, reclame al defraudador que deje de ser banquero. En estos momentos de alarmantes insuficiencias fiscales, las autoridades del Estado deben ser especialmente sensibles en la toma de medidas ejemplares. Respecto a Alfredo Sáenz, fue un insulto a la inteligencia defender su posición en el cargo tras la condena del Tribunal Supremo. La Celosía preguntó en su momento si el consejo del Banco de España había deliberado sobre este asunto y la respuesta fue que “los asuntos a deliberar son secretos”.
El secretismo a ultranza invade todas las actuaciones del antiguo banco emisor, algo inadmisible en los tiempos que corren, cuando solamente mantiene las atribuciones supervisoras. Las comparecencias de los directivos del Banco de España en el Congreso se asemejan a las que corresponden a los servicios de inteligencia, con un secretismo absolutamente injustificado en la mayoría de los casos. Parece que ha llegado la hora de actuar con transparencia y convocar al consejo en pleno para tomar una decisión.
Tampoco los diputados han reclamado la comparecencia de Ordóñez para que explicase en los últimos meses el incomprensible apoyo a Botín y Sáenz, otro ejemplo de la falta de control democrático a las instituciones y el poder económico.
