La estafa de la mutua catalana Fortia Vida, intervenida en 2009 por la Generalitat y todavía en concurso, tiene una pieza clave en su entramado, la inmobiliaria Plárrega. Los administradores concursales de la aseguradora han reclamado 22 millones de euros a esta promotora, que fue adquirida en 2008 por el grupo inmobiliario TPC, de David Marjaliza y José Luis Capita. Este grupo, activo en Pinto y Valdemoro ha sido acusado de corrupción por favores a Francisco Granados, quien fuera número tres de Esperanza Aguirre hasta este año.
Plárrega Invest era propiedad en un 74% de Fortia Vida y un 22% lo controlaba la Caja Hipotecaria Catalana Mutual, antes de ser vendida al grupo de Marjaliza con “la condición de que su único activo en el momento de la compra fuera su participación en la empresa Corporación Hotelera del Mar”. Esta compañía, controlada por el empresario tinerfeño de industrias cárnicas Egatesa, Juan Pelayo, ha promovido un lujoso condominio, Marina Fishing, en Cap Cana, que será inaugurado el próximo uno de octubre.
El auditor de Plárrega denunció en su informe de auditoría de las cuentas de 2010 que no había podido acceder a las cuentas de la compañía de Pelayo y ahora en un nuevo informe fechado el 1 de septiembre asegura que “no ha obtenido confirmación del auditor de Corporación Hotelera de su independencia respecto al trabajo en las cuentas anuales del ejercicio pasado, por lo que mantiene la salvedad”.
A esta salvedad se añade la incertidumbre que pesa sobre Plárrega por la deuda de 22 millones que le reclaman los administradores de Fortia, y que fue sacada del balance de la compañía antes de venderse a TPC, grupo que también participaba en el capital de Dico Harinsa Obrum, la promotora constructora también en concurso, y que era financiada por la Caja Castilla La Mancha, antes de ser intervenida.
Fortia nació de la fusión de las antiguas mutuas de Eurobank. Su quiebra, que ha estado acompañada de desvío de pólizas a una aseguradora belga, Apra Leven, intervenida así mismo por las autoridades de Bruselas, y créditos a inmobiliarias de personas vinculadas con los gestores, ha dejado en una situación muy delicada a más de 3.000 asegurados, muchos de ellos beneficiarios de pólizas que cubrían su prejubilación, como es el caso de muchos ex trabajadores de Sniace.
Fortia está también gravemente salpicada en el fraude de los fraude de los ERE de empresas tuteladas por la Junta de Andalucía, nacido a raíz de descubrirse que en la regulación de empleo del mercado de abastos sevillano se había incluido a personal de fuera de la plantilla. Los principales responsables de la mutua están imputados por la quiebra. Tanto Eduardo Pascual como la presidenta María Vaqué Molas son acusados de invertir los fondos de los mutualistas en empresas privadas que controlaban, lucrándose indebidamente.
