El consejo de administración de Prisa ha convocado a los accionistas a una junta general en junio en la que elude tratar la política de remuneración de los directivos, en contra de las normas de Buen Gobierno e incluso de la Ley de Economía Sostenible, que exige presentar a los accionistas los planes de remuneración, individualizados, en un punto del orden del día separado para que sean votados por los socios. El caso es sangrante después de que el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, que ha situado al grupo al borde de la quiebra, recibiera el 1 de abril casi cuatro millones de euros en acciones, sin que el Comité de Remuneraciones, que preside el consejero "independiente" marqués de Marañón, haya justificado en ningún momento ese pago.
Ver artículo completo
