Gonzalo Garteiz
La dirección del Banco Popular, que se jacta siempre que tiene ocasión, de mantener al banco en los puestos de cabeza de solvencia y liquidez, debería explicar a los accionistas las razones que le han llevado a emitir el próximo 14 de octubre unas obligaciones por valor de 150 millones de euros, con posibilidad de ampliar la colocación hasta 250 millones de euros, a un tipo de interés escalofriante, del 8,25%. Este coste no lo había pagado ningún banco hasta ahora y ofrece una idea del precio al que tienen que cobrar los bancos el crédito a la clientela para poder pagar ellos el 8,25% a los prestamistas para aumentar su capitalización, ya que esta deuda subordinada se contabiliza como recursos propios.
La emisión, a 10 años, que ha sido calificada por Fitch con un rating de BBB+. equivalente al de la recién estrenada en Bolsa, Banca Cívica, puede ser rescatada por el banco que preside Ángel Ron, a los cinco años si cuenta con el apoyo del Banco de España, e incluso a partir del primer año si se produjeran cambios legales en la fiscalidad o en la computabilidad vigente como recursos propios.
El Popular no ha explicado las razones por las que considerándose el banco más eficiente de España, con ocho puntos de ventaja sobre la media, uno de los más sólidos con un 9,9% de capital, por encima del Sabadell, Bankinter y Banesto, y sufrir una mora también inferior a la media bancaria, del 5,58%, con una tasa de cobertura del 89%, tiene que caer en la creciente usura de los mercados, pagando tipos de interés del 8,25%.
El banco de Ron ha sido el único que este año ha apelado dos veces al mercado, pagando ya en julio el 8%. Banca Cívica subió el interés en febrero hasta el 8,65% pero con una emisión de participaciones preferentes, que corresponden a deuda perpetua, siempre más cara.
Para hacerse una idea del precio que el Popular está dispuesto a pagar, diremos que en el mercado en el que cotizarán los títulos, AIAF, no se encuentra actualmente ningún instrumento financiero de renta fija (sin convertibilidad) que rinda más, excepción hecha de unas cédulas multicedentes, emitidas por AYT (Ahorro y Corporación) con respaldo de cédulas hipotecarias de la caja del Penedés, que cotizan con un descuento del 40% sobre el precio, lo que lleva la rentabilidad hasta el 8,4%.
El informe independiente exigido para la emisión señala que los diferenciales sobre Euribor a tres meses de las obligaciones subordinadas han pasado de 120 puntos básicos (1,2%) a 480 en menos de dos años, lo que da idea de la desconfianza reinante en los prestamistas. La del Popular sale a 552 puntos básicos, claramente más cara que las del mercado con ratings similares, con datos tomados hace un mes. ¿Por qué entonces estas prisas en el Popular?.
El banco cotiza ahora en Bolsa a un precio de 3,45 euros, equivalente al de su cotización en el año 1996, hace 15 ejercicios, y hace dos días anunció un que pagará 5 céntimos en el primer dividendo a cuenta del beneficio de este ejercicio. En los últimos 12 meses, el dividendo total alcanza los 15 céntimos, lo que supone una rentabilidad del 4,5%.
Gonzalo Garteiz
La asamblea de socios compromisarios del Real Madrid ha aprobado "a la búlgara" la propuesta de remodelación del Santiago Bernabéu presentada por Florentino Pérez y su junta directiva. No podía ser de otra forma, ya que el pelotazo a cuenta del contribuyente es inconmensurable.
La gran coartada del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y de Florentino Pérez, para consumar un trueque de suelos que permitan al Real Madrid remodelar su estadio al gusto de Pérez con la autorización de construir en el retranqueo de la fachada de la Castellana, es un terreno en Las Tablas, barrio donde tiene la sede Telefónica, y que el ayuntamiento "no podía traspasar al club" a pesar de haber formalizado un contrato de permuta en 1.999, según lo expuesto por ambas partes.
Se dice que el club ha estado pagando el IBI de esta parcela desde el año 2002 por importe de 92.037 euros, aún no siendo de su propiedad, pero lo que no se cuenta es que esa parcela está incluida en el balance del Real Madrid como inversión inmobiliaria. "En la cuenta Terrenos (y por valor de 488.000 euros) se incluye un suelo en Las Tablas, propiedad del club, obtenido en una operación de permuta de terrenos realizada en ejercicios anteriores con el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid", dice la nota del balance oficial de las cuentas del pasado ejercicio.
Se alega ahora que esa parcela, de la que el Real Madrid paga el IBI y que mantiene en balance sin aparentemente ser el propietario "de facto", no puede ser entregada por el Ayuntamiento que encabeza Gallardón por "una imposibilidad jurídica", que ningún ciudadano puede entender, pero que ha servido para que el 29 de julio de este año, en pleno estío vacacional, se firmase un "convenio de regularización de compromisos" entre la ciudad de Madrid y el real club de fútbol de la capital presidido por el galáctico Pérez.
Choca sobremanera que un activo que el Real Madrid "tiene aunque no tiene", y que figuraba en balance con un valor de 488.000 euros se convierta en moneda de cambio con un contravalor de 22,693 millones de euros, que es el precio asignado a otras tres parcelas que el ayuntamiento transmite al Real Madrid, lo que supone una revalorización del 5000%, en un momento en que el precio de los suelos se ha desplomado. Una de las parcelas resulta clave para que el club lleve a cabo la remodelación aprobada ayer por los socios, pues corresponde al perímetro del Santiago Bernabéu, y otra, la de Valdebebas, ha sido calificada de "gran valor estratégico" para el club por estar próxima a su nueva ciudad deportiva. La tercera, aparentemente con inquilinos, está previsto devolvérsela al propio ayuntamiento como contrapartida a la nueva techumbre prevista para el estadio.
Una vez más nos encontramos ante unos hechos lamentables. El Real Madrid sigue sacando tajada de la teta pública (en línea con otros clubes), ya que el tesoro recién conseguido procede del famoso pelotazo, de las cuatro torres que se construyeron en la antigua ciudad deportiva del club en una recalificación vergonzosa ocurrida hace 13 años, de la que el club obtuvo plusvalías superiores a los 200 millones de euros.
El Real Madrid ha conseguido además que se apruebe su proyecto de megaestadio, con cobertura de todas las localidades, construcción de equipamientos todavía a definir, se habla de un hotel y espacios comerciales, en la fachada de Castellana, rompiendo los lindes del Paseo y un parking, entre otros, a cambio de cederle a Gallardón el emplazamiento comercial actual de la esquina del Bernabéu, no para que lo explote, con lo cual se ganaría un dinero para las arcas, sino para su demolición y construcción de una plaza.
El Ayuntamiento de Madrid se convierte una vez más en cooperador necesario de la megalomanía de un presidente de un club de fútbol. Está por ver cuál es la compensacidón que recibirán los otros clubes de la capital, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, para que no protesten demasiado.
Florentino Pérez tiene también algunas contradicciones en sus cuentas del ejercicio pasado. Una de ellas es que los jugadores figuran a menor precio en el activo y sin embargo aumentan sus gastos de personal. Resulta incongruente que valgan menos y cobren más. Pérez también ha decidido modificar los vencimientos de deuda, de tal suerte que la directiva del siguiente mandato deberá hacer frente a una mayor deuda bancaria. También se apunta el tanto de rebajar en 20 millones aquella, cuando por calendario debería bajarla más, pero además aumenta en casi igual cuantía la que tiene con los jugadores.
No obstante, y a pesar del punto débil del fondo de maniobra negativo de 141 millones de euros, hay que reconocer que el galáctico directivo está haciendo un gran trabajo patrimonial para el club, gracias sobre todo al impresentable reparto de los derechos televisivos, que distorsiona la competición y sobre todo el libre mercado, por lo que las autoridades de Competencia deberían intervenir en este asunto. Para hacerse una idea del abuso, del que es cómplice el Barcelona, basta señalar que el Real Madrid ingresó el año pasado por derechos de retransmisión 156 millones, más de dos veces el presupuesto total, 61 millones, de un histórico como el Athletic de Bilbao.
Gonzalo Garteiz
El escándalo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo alcanza cada día que pasa una mayor dimensión. Los interventores nombrados por el Banco de España han desvelado en el informe de cuentas del primer semestre que la entidad acumulaba unas pérdidas de 125,6 millones de euros en una cartera de préstamos titulizados, que había sido sacada del balance, alegando que la entidad no tenía riesgo alguno sobre aquella, habiendo trasladado a terceros el beneficio o pérdida con el que se saldasen los títulos a vencimiento. La CAM ha reconocido ahora que no se “contempló en el momento de dar de baja en el balance a ese activo, la existencia de determinadas operaciones con opciones (derivados) que afectaban a la transmisión de riesgos y beneficios”.
Este ocultamiento podría resultar clave para la depuración de responsabilidades de los antiguos administradores de la caja alicantina, que ha registrado unas pérdidas de 1.163 millones en el primer semestre de este año. Los interventores nombrados por el Banco de España también aseguran que los gestores destituidos se habían centrado en el primer semestre de este año en buscar inversores y otras operaciones que le permitieran recapitalizarse “en detrimento del control, seguimiento y gestión de las operaciones propias de su negocio”. Todo ello, aseguran, ha supuesto un empeoramiento gravísimo de sus ratios y márgenes, “pasando el ratio de solvencia del 9% al 19% en solamente seis meses”. La solvencia se queda en el 4,77% y la liquidez brilla por su ausencia, siendo necesarios para evitar la quiebra, 3.000 millones de liquidez aportada con una línea de crédito por el FROB y otros 2.800 millones para capitalizar la entidad.
El desfase de liquidez que presenta la caja de la Comunidad Valenciana es brutal, con unos vencimientos el próximo año de 6.000 millones en la financiación mayorista, lo que complica gravemente su subasta por parte del Estado.La CAM mantiene en autocartera títulos emitidos de deuda para financiarse por valor de casi 6.400 millones, básicamente títulos hipotecarios y obligaciones simples, cerca de la mitad de la deuda emitida en estos instrumentos, lo que da idea de sus problemas para conseguir financiarse.
A pesar de esta penosa situación, el riesgo en avales y créditos con los antiguos administradores, altos cargos y familiares de todos ellos, supera los 120 millones de euros. El agujero inmobiliario, causa fundamental de la quiebra de la caja, es descomunal, con 13.000 millones de riesgo con promotores (un tercio provisionado), de los cuales casi 5.000 no están garantizados en cuantía suficiente.
Fuentes del auditor de la caja, KPMG, que ha escrutado las cuentas de la entidad desde hace 20 años, han asegurado a La Celosía que no tienen duda alguna sobre la calidad "técnica" del trabajo realizado, por lo que solamente cabe deducir que los gestores hubieran ocultado datos o dado por buenas valoraciones irreales de sus activos, como explicación del rápido deterioro de la entidad, en quiebra virtual, más allá de la tormenta perfecta con la que se quiera justificar este despropósito.
Gonzalo Garteiz
Susana Monje, una de las personas de confianza de Sandro Rossell en la directiva del Barça, donde ocupa el cargo de tesorera, es la gestora estrella del momento en España, al frente de la presidencia del grupo Essentium, un conglomerado de empresas de infraestructuras, aguas, materiales de construcción y salud, muy internacionalizado. La compra hace más de un año de una constructora, Hispánica, envuelta en el escándalo de la trama Gurtel, le dio aún más fortaleza, y tras cambiarla el nombre por Assignia Infraestructuras para descontaminarla, ha demostrado saber qué hace falta en Madrid para triunfar, rodeándose de un equipo de confianza y especialmente de un consejo potente con buenas conexiones políticas.
Monje acaba de culminar esta tarea, con discreción pero aparentemente con gran eficacia y éxito. La tesorera del Barça, que tiene entre sus activos al club de fútbol de Toledo, ha fichado a un ramillete de galácticos del lobby para el negocio con sede madrileña. Los elegidos por ahora son el omnipresente Manuel Lamela, de excelente currículo, abogado del Estado, ex director de gabinete de Rato y consejero de Transportes y Sanidad con Esperanza Aguirre, donde protagonizó la infame campaña contra el doctor Montes. Lamela gestiona también la fundación Lafer y promociona Madrid como centro de turismo sanitario, además de ser socio del bufete Cremades.
Cubierta el ala del PP, con el audaz Lamela, Monje cuenta también con un expolítico del PSOE y de pedigrí, el cartagenero José Antonio Alonso Conesa, diputado en dos legislaturas, ex alcalde de la noble villa murciana, y que ha trabajado en la empresa privada, Gamesa, Dalkia y Obrum, entre otras.
Un tercer elegido, Carlos Velasco de Mingo, asesor corporativo y consultor en IAAG, aporta su experiencia en la consecución de ayudas y apoyo de instituciones multilaterales europeas e iberoamericanas. Essentium cuenta con importante presencia en Brasil, donde ha competido con un ilustre de la galería de los horrores de la burbuja inmobiliaria, Enrique Bañuelos, y en otros países del mundo hispano, así como en el Este de Europa.
La sorpresa más reciente de Monje es la contratación de Luis Vicente Moro, quien ha sido rehabilitado tras una condena del Supremo que le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cuatro años a raíz de las expulsiones ilegales de menores marroquíes cuando era delegado del Gobierno de Aznar en Ceuta en los años noventa.
Luis Vicente Moro es un hombre muy cercano al brazo derecho de Esperanza Aguirre, el incombustible Ignacio González, quien encargó a Moro un estudio para crear un servicio de inteligencia madrileño, según se supo a raíz del escándalo de espionaje a políticos en la comunidad que preside Aguirre.
Susana Monje encabeza un grupo que factura más de 500 millones de euros con presencia en el Norte de África, Rusia, Turquía y Brasil entre otras economías emergentes. Hija de Valentín Monje Tuñón, un gallego relojero que emigró a Suiza para recalar finalmente en Barcelona, donde hizo fortuna. Essentium tuvo la visión de vender poco antes de la crisis Graveras de los Ángeles a la multinacional francesa Lafarge por cerca de 300 millones de euros.
Gonzalo Garteiz
Decían los clásicos latinos que el dinero sucio no huele (non olet), sentencia que pueden ratificar los banqueros, especialmente Emilio Botín, el honorable (sólo para el Banco de España) defraudador fiscal. Una nueva muestra del non olet la ofrece el dinero representado por Beatriz García Paesa, sobrina del celtibérico espía español, Francisco Paesa, el hombre que hizo el trabajo sucio a Alberto Belloch para encarcelar a Luis Roldán, el ex director general corrupto de la Benemérita, de infausto recuerdo para los socialistas de bien.
Beatriz, una mujer laboriosa e inteligente pero de moral laxa, sigue la senda de su tío, y a pesar de ser acusada de innumerables tropelías, entre otras ser testaferro del espía que en el año 1998 se inscribió en el reino de los muertos a través de una esquela falsa en El País, comienza a pisar el terreno de los más ricos. Habiéndose forjado una carrera en el lavadero de Luxemburgo, héte aquí que Beatriz ha conseguido ganarse un sitio en el imperio de la familia March, y más concretamente como socia en el negocio de su banca privada.
La dulce Beatriz, que fue quien transfirió 1.800 millones de pesetas procedentes de los cohechos de Roldán desde el Aresbank a un banco de Singapur, colaborando así en el blanqueo del botín del ex director de la Guardia Civil, parece que goza de la misma inmunidad que su tío, a quien ya la edad, más de 75 años, le incapacitará para el presidio pase lo que pase.
La sobrina y testaferro del agente que consiguió vender a Eta unos misíles hace 25 años en una operación que permitió la captura de la cúpula de la organización terrorista, se ha incorporado al consejo de una sociedad controlada por la familia March, Alcudia Cartera e Inversiones, que aunque no figura en la memoria de Banca March, está controlada por la campeona europea de la solvencia, siendo Hugo Aramburu su presidente. Éste, que sustituyó a Rafael Gascó como principal directivo de banca de patrimonios, gestiona un negocio de 6.000 millones de euros y se supone que unos cuantos le habrá aportado García Paesa para nombrarla consejera.
Alcudia ha jugado un importante papel en los negocios inmobiliarios diseñados para ricos como son la compra, obviamente todo a crédito que para eso son solventes, de oficinas de bancos con arrendamiento convenido de la entidad vendedora. Una filial de Alcudia participó en la adquisición al BBVA de casi 1.000 oficinas, asociada con fondos del Deutsche Bank, de donde procedía Rafael Gascó, quien iba a ser el hombre del banco andorrano de patrimonios Andbanc en su desembarco, por ahora fallido, en España. Su perfil de Linkedin le inscribe actualmente de nuevo en el banco alemán.
Madame Beatriz García, como la nombran en Luxemburgo, donde tiene domicilio, controla un entramado de sociedades desde Urban Holiding, y su gran apoyo en España es el experto fiscalista catalán, Gerard García Gasull, un ex Deloitte. La última "hazaña" que se conoce de Beatriz y su tío atañe a una estafa a unos poderosos oligarcas rusos para crear un banco en Bahrein. Un tribunal de Luxemburgo ordenó abrir una investigación a García Paesa por falsificación de documentos.
Gonzalo Garteiz
Los agujeros presupuestarios de las autonomías son de gran calado como se ha podido comprobar en las regiones que han cambiado de Gobierno tras las elecciones, pero se habla menos, por falta de información, de los que atañen al resto, y en especial a la Comunidad de Madrid, donde un gasto en propaganda sin parangón, 620 millones de euros desde que comenzó la crisis hace tres años, y una previsión de 111 millones para el actual ejercicio, cinco veces más que en Cataluña (cifras de El País, no desmentidas), consigue el efecto perseguido de apuntarse tantos que no le corresponden y deformar la realidad con medias verdades.
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha utilizado trucos administrativos para eludir pagos de servicios a sabiendas de su incorrecto proceder. Las cuentas del ente empresarial público, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre contabilizan una increíble provisión de una deuda de 1,056 millones de euros de la Comunidad presidida por Aguirre, al no haber pagado ésta los costes de la gestión de servicios sanitarios que llevó a cabo la FNMT por el convenio de empresa colaboradora en el año 2008.
Fuentes de la Comunidad madrileña aseguran que no hay tal deuda ya que los pagos se iban a realizar vía subvenciones, y estas no fueron finalmente concedidas "por silencio administrativo", y que a partir del año 2009 se eliminaron los convenios de colaboración, por lo que el gasto sanitario en el que incurren las grandes empresas corre ya de su cuenta.
El hecho cierto es que la Orden 722/2008 del 10 de octubre publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por la Consejería de Sanidad, entonces bajo la dirección de Juan José Güemes, aseguraba que eran de utilidad estos convenios por los que las empresas ofrecen el cuidado sanitario en la enfermedad común y el accidente laboral, y que se habían presupuestado 13,413 millones para cubrir el gasto. Sin embargo, una vez establecidas las bases de las subvenciones, la Comunidad de Madrid no hizo propuesta de resolución alguna e incumplió los actos administrativos que la orden recogía, acogiéndose además a un silencio administrativo para dar por bueno que no concedería el dinero asignado.
Fuentes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre han asegurado a La Celosía que desde el Gobierno de Aguirre se les comunicó que iniciarían otra convocatoria para hacer efectivos los pagos con "cambios en el procedimiento administrativo". La FNMT también asegura, en contra de la versión oficial de la Consejería de Sanidad madrileña, que sí reclamaron la subvención.
El caso es un ejemplo más de la chapuza y malas prácticas que gobiernan la Aministración, incluidas las empresas públicas. ¿Por qué razón la FNMT contabiliza un ingreso que debe ser reconocido vía subvención, antes de conseguir ésta?. ¿Por qué el Gobierno de Aguirre trata de ganar unos millones en el presupuesto dando "un sablazo" a las grandes empresas que ofrecieron el servicio sanitario?.¿Por qué una vez descubierto el pastel no se cuenta la verdad?.
Gonzalo Garteiz
Las crisis en el capitalismo son de insolvencia o no son, con la excepción de las generadas por un brutal cambio tecnológico o una guerra. Cuando ocurre que los prestamistas han medido mal el riesgo y no pueden cobrar a los deudores, la solución pasa por reconocer contablemente las pérdidas de la mejor forma posible y renegociar los pagos, pero siempre con una inyección de dinero nuevo, o sea una capitalización. Sobran las empresas que son incapaces de pagar lo que deben, osan dar dividendos y no apelan a sus accionistas para mejorar la situación financiera, con la complicidad de la banca, que es la primera en mantener las retribuciones a los accionistas o a la obra social, estando al borde de la quiebra. Es hora de coger el toro por los cuernos y actuar comme il faut. En las crisis de insolvencia, el pobre pierde su casa y el trabajador, su empleo, pero los ricos deben aflojar el bolsillo para coser el roto generado. El mejor impuesto que se puede poner a los pudientes es la exigencia del saneamiento patrimonial. Como apuntó recientemente la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Legarde, hay que exigir al sistema financiero más capital, y los bancos deben reclamar lo mismo a las empresas deudoras. Los tiempos de hacer la pelota gorda a base de endeudamiento han pasado. Que nadie se engañe, los porcentajes de dividendo que proyectan las cotizaciones bursátiles actuales son una quimera y además de rebajarse éste sustancialmente, en muchos casos se distribuirá exclusivamente en acciones. Hay que empezar a oír los yield warnings.
